Desde MS Consultors Ingeniería y Seguridad, especialistas en planificación y gestión de emergencias, se ha elaborado un análisis sobre el estado de los Planes de Protección Civil en Castilla y León, atendiendo al marco normativo vigente y a las obligaciones específicas de los municipios en materia de prevención y respuesta ante riesgos.
La normativa vigente en materia de Protección Civil en España, encabezada por el Real Decreto 524/2023, que aprueba la Norma Básica de Protección Civil, establece la obligación de que las comunidades autónomas desarrollen y mantengan actualizada su propia estructura de planes. En paralelo, el Real Decreto 393/2007, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección, fija las directrices para determinados centros, establecimientos y actividades con riesgos específicos.
En Castilla y León, la planificación de emergencias se articula en distintos niveles:
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Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León (PLANCAL): instrumento autonómico de referencia, ya aprobado.
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Planes Territoriales Municipales de Emergencia:
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Obligatorios para municipios con más de 20.000 habitantes.
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Optativos en localidades entre 5.000 y 20.000 habitantes.
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Simplificados y voluntarios para municipios de menor población.
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Planes de Actuación Municipal (PAM): derivados de los planes autonómicos frente a riesgos concretos:
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Inundaciones: exigidos a municipios clasificados con peligrosidad A, y a los de peligrosidad B con más de 1.000 habitantes.
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Incendios forestales: aplicables a municipios señalados en el Plan INFOCAL.
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Planes de Autoprotección: exigibles a infraestructuras críticas y establecimientos con elevada ocupación o complejidad en evacuación, según catálogo de actividades anexo al RD 393/2007.
El Geoportal de Castilla y León permite identificar los municipios que ya han elaborado y homologado sus planes, así como aquellos que aún están pendientes de cumplimiento. Se observa un grado de implantación desigual, especialmente en lo relativo a los PAM de inundaciones e incendios forestales, donde la carencia de planes homologados representa un reto significativo para la seguridad territorial.
La actualización, revisión y homologación de estos documentos es una obligación normativa, pero también una herramienta estratégica para garantizar una gestión eficaz de emergencias y reforzar la capacidad de respuesta institucional frente a los principales riesgos que afectan al territorio de Castilla y León.
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